El Gobierno adjudicó el 90% de AySA por US$340,2 millones y fijó el 13 de noviembre para firmar el contrato

El Gobierno nacional adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones a un consorcio integrado por cuatro empresas y estableció el 13 de noviembre como fecha límite para la firma del contrato de compraventa, en el marco del proceso de privatización de la compañía.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el martes 20 de octubre, según el documento oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El grupo adjudicatario está conformado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Su propuesta económica superó en US$55,2 millones a la presentada por el consorcio encabezado por el grupo cordobés Roggio, que quedó en segundo lugar con una oferta de US$285 millones.

La adjudicación constituye un paso previo a la transferencia del paquete accionario estatal, que todavía deberá completarse mediante la firma del contrato y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de privatización.

Uno de los aspectos que permanece sin precisiones públicas es la estructura de propiedad de PHX Aqua AR BV, una sociedad constituida en los Países Bajos y vinculada con Phoenix Global Investment Fund BV, un vehículo financiero radicado en Curaçao.

Según versiones difundidas en el mercado, PHX tendría una participación del 55% en el consorcio ganador, mientras que Rowing contaría con el 20%, Arcos Saneamento con el 15% y Transclor con el 10%.

Sin embargo, la resolución de adjudicación no informa los porcentajes accionarios de las cuatro empresas ni identifica a los beneficiarios finales de la sociedad extranjera. La participación atribuida a PHX tampoco pudo corroborarse mediante la documentación societaria mencionada en la información disponible.

Los registros empresariales neerlandeses consultados para la investigación citada identifican a PHX Aqua AR BV con domicilio en Zuidplein 28, Ámsterdam, y número de inscripción 42145160 ante la Cámara de Comercio de los Países Bajos.

De acuerdo con directorios comerciales que reproducen información registral, la sociedad fue constituida en agosto de 2026, pocas semanas antes de la apertura de las ofertas técnicas de AySA, realizada el 15 de septiembre. Esas fuentes la clasifican dentro de las actividades financieras y le atribuyen una dotación de un empleado.

La información reunida también vincula a PHX Aqua AR BV con Phoenix Global Investment Fund BV, cuya administración está relacionada con Amicorp Fund Services NV.

El pliego de privatización, aprobado mediante la Resolución 704/2026, establece requisitos económicos y financieros para los participantes. Entre ellos, exige acreditar un patrimonio neto consolidado no inferior a US$300 millones.

Además, cuando el oferente está integrado por un fondo de capital privado, un consorcio o una estructura plural de administración de activos, debe demostrar al menos US$1.000 millones en activos bajo gestión.

La documentación también permite que determinados requisitos patrimoniales y financieros sean acreditados mediante la suma de las capacidades de dos integrantes de una oferta conjunta.

Otro punto contemplado en el pliego es la obligación de identificar a los participantes y a las personas que ejercen el control de las sociedades oferentes.

El artículo 5.7.1 establece que, cuando varias empresas se presentan en conjunto, deben declarar de manera vinculante el porcentaje que tendrá cada una en el capital social del futuro operador estratégico.

Por lo tanto, esa distribución accionaria debe formar parte de la documentación presentada durante la primera etapa de la licitación, aunque los porcentajes comprometidos no aparecen detallados en las resoluciones examinadas.

El Ministerio de Economía aprobó esa instancia mediante la Resolución 1722/2026, del 5 de octubre, luego de que la Comisión de Evaluación analizara las propuestas técnicas, solicitara subsanaciones y recomendara admitir a los dos consorcios participantes.

La documentación mencionada tampoco precisa qué sociedad acreditó los requisitos patrimoniales exigidos. Para conocer esos detalles resta acceder a otras actuaciones administrativas del procedimiento.

En cuanto a los integrantes del grupo comprador, Rowing está vinculada con el empresario Walter Román, mientras que Transclor es controlada por Mauricio Honesto Filiberti, quien también participa indirectamente en Edenor, distribuidora eléctrica vinculada con el exministro José Manzano.

Transclor cuenta con antecedentes como proveedora de productos químicos utilizados en los procesos de potabilización de agua.

Por su parte, Arcos Saneamento e Participações es una compañía brasileña vinculada con el grupo Equipav, con experiencia en la operación de servicios de agua y saneamiento.

El pliego exige que el operador técnico tenga una participación mínima del 15% en el consorcio, condición que la Comisión de Evaluación consideró cumplida durante la etapa de preselección.

Respecto de la valuación de AySA, la resolución de adjudicación señala que las dos ofertas económicas resultaron razonables en función de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

No obstante, el documento no informa el monto de esa tasación ni el rango económico utilizado para evaluar las propuestas.

Aunque la licitación fue convocada sin un precio base, el artículo 8.3 del pliego contempla la posibilidad de considerar inconveniente una oferta cuando su importe se ubique por debajo del mínimo del rango de sensibilidad de la tasación.

De esta manera, el procedimiento incluye un parámetro económico de evaluación cuyo valor no fue especificado en la resolución que adjudicó la empresa.

El próximo paso será la firma del contrato de compraventa, cuyo plazo fue establecido para el 13 de noviembre de 2026.

Antes de esa fecha, los cuatro adjudicatarios deberán constituir una sociedad argentina que actuará como operador estratégico y tendrá como objeto exclusivo adquirir y mantener las acciones de AySA.

Según el artículo 10.4 del pliego, cada integrante deberá conservar en esa nueva sociedad la misma participación accionaria declarada al momento de presentar la oferta.

La operación comprende la transferencia de 135.000 acciones ordinarias Clase A, representativas del 90% del capital social y de los votos de AySA. El 10% restante corresponde a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

El pliego establece que el precio deberá abonarse en la fecha de cierre y que el contrato se perfeccionará con su suscripción.

En caso de incumplimiento de las obligaciones previas a la firma, el Ministerio de Economía podrá ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, fijada originalmente en US$25 millones, y evaluar la adjudicación al segundo oferente.

Así, la privatización de AySA ingresa en su etapa contractual, mientras permanecen sin detallar en la resolución de adjudicación la composición accionaria del consorcio ganador, los beneficiarios finales de la sociedad extranjera y el valor de referencia utilizado para evaluar las ofertas.